En septiembre
de 2011, luego de las manifestaciones estudiantiles, el Presidente de
la República envió al Congreso Nacional un Proyecto de Ley
denominado “Ley de Fortalecimiento del Orden Público”,
conocido popularmente como “Ley Hinzpeter”, cuya finalidad
última es la criminalización de la protesta social. ¿Por
qué oponerse?:
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RAZÓN #1:
Protestar es un Derecho Humano. Protestar es una acción amparada
en los Derechos Humanos de reunión y libertad de expresión,
la cual, por lo demás, es la única vía para que los
sectores tradicionalmente excluidos puedan participar en la discusión
pública democrática: una minoría privilegiada puede
comprarse un diario o un canal de televisión para difundir sus
ideas. Los estudiantes, pobladores y trabajadores tienen en la protesta
su principal herramienta de acción política.
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RAZÓN #2: Con esta Ley, protestar
sería un delito. Protestar es un Derecho Humano, con este Proyecto
de Ley se vulnerarian la Constitución y Tratados Internacionales
al convertir en un delito las manifestaciones públicas, castigándolas
con una pena de hasta 3 años de cárcel; es decir, transforma
el ejercicio de DD.HH en un delito.
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RAZÓN #3: Con esta ley, los dirigentes
sociales serían encarcelados. No sólo quien participa de
las manifestaciones públicas arriesga una pena de hasta 3 años
de Carcel, sino que también, con este Proyecto de Ley, el gobierno
pretende encarcelar a todos quienes convoquen, por cualquier medio, a
una manifestación pública masiva.
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RAZÓN #4: La oposición de la
ONU a este proyecto de Ley. La comunidad internacional ha manifestado
reiteradamente su preocupación ante el actual gobierno por las
reiteradas violaciones a los Derechos Humanos acaecidas en el marco de
las manifestaciones sociales y, en especial sobre este proyecto, ha señalado
que vulnera los compromisos internacionales de nuestro país en
la materia.
Una democracia
fuerte es clave para el respeto y promoción de los Derechos Humanos;
entre ellos, la protesta social es una garantía de participación
ciudadana, a veces el único medio de expresión e influencia
del que disponen millones de ciudadanos. Los espacios públicos
permiten que expresemos nuestras preocupaciones y demandas con libertad
y en condiciones de igualdad. Por ello, los abajo firmantes nos oponemos
al proyecto de “Ley Hinzpeter”.
